Esgrima jurídica entre la política miserable
El «caso Bárcenas» es una bola de nieve que quema. Nos deja helados, pero nos tiene calientes, muy calientes. A medida que avanza se agranda su podredumbre y nuestra indignación. Algunos quieren fundirla, pero otros prefieren que siga rodando; que no se detenga así, que se vaya derritiendo poco a poco, y que nosotros sigamos como si tal cosa. Como hacen ellos.
Lo penúltimo es el desconcertante enfrentamiento entre jueces y las resoluciones de la Audiencia Nacional, «mediando» para decidir quién lleva las diligencias de tan infecta causa. Parece que con el juez Bermúdez se podría llegar al fondo de la cuestión y con Ruz no quedaríamos como siempre, corriendo un tupido velo por falta de pruebas o tecnicismos jurídicos más o menos importantes pero igual de vacuos.
Ayer leo en El País (publicación digital, que ni compro la de papel ni me refiero al Territorio que forma una unidad geográfica,política y cultural, que es una mierda ilegible), bajo el título Esgrima jurídica en Prim, 12, esta pugna extenuante por la competencia para investigar los papeles de Bárcenas que mantienen Gómez Bermúdez por un lado, y la fiscalía y Ruz, por otro…
Ayer, el enfrentamiento fue especialmente duro. Mientras en la segunda planta de la Audiencia, en el despacho de Ruz, sobre las 10.10, Luis Bárcenas se negaba a declarar sobre su contabilidad manuscrita y rechazaba repetir la prueba caligráfica, Gómez Bermúdez, el magistrado a quien el jueves sus superiores impidieron interrogar al extesorero popular, emitía una resolución de apariencia inocua, pero de una acidez legal considerable.
En apenas un folio, el magistrado que presidió el tribunal del 11-M, respondía a un “recurso de apelación” de la fiscalía “contra la providencia” del pasado miércoles en la que Gómez Bermúdez citaba a declarar a Bárcenas. En ese escrito, el ministerio público acusaba al titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de actuar con “picaresca” para poder dirigir las pesquisas sobre los papeles de Bárcenas.
La estocada sin espada de Bermúdez consistía en “inadmitir de plano” —equivalente jurídico a no darse ni por enterado— el escrito de la fiscalía. Y, de paso, recordar al ministerio público un principio básico de derecho procesal: la Ley de Enjuiciamiento Criminal solo contempla los recursos de apelación contra los autos, y no contra las providencias de jueces y tribunales. La lección, sin citarla, era extensible a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que el jueves suspendió cautelarmente la declaración de Bárcenas atendiendo un “recurso de apelación” de la fiscalía “contra la providencia” de Bermúdez en la que citaba al extesorero para ayer, dos horas después de que declarara ante Ruz.
Ese escueto auto de Bermúdez tiene una lectura adyacente: el magistrado no está dispuesto a rendirse y mantiene el resto de las diligencias previstas sobre los papeles de Bárcenas en tanto no se resuelva cuál de los dos jueces es legalmente competente para asumir la causa. Entre estas pesquisas, la más destacada es la declaración de los diez empresarios que supuestamente aportaron, entre 1990 y 2008, los 7,5 millones de euros que figuran en la contabilidad manuscrita de Bárcenas. Estos interrogatorios están previstos, salvo que la Sala de lo Penal también los vete, para los próximos 4 y 5 de abril.
Justo cuando Gómez Bermúdez ya había abandonado ayer sobre las 13.00 la sede de la Audiencia en la calle de Prim, 12, la fiscalía le lanzó otra andanada. En un escrito, el ministerio solicitaba al juez Ruz que rehusara el requerimiento de inhibición que le había hecho Gómez Bermúdez y mantuviera la competencia sobre los papeles de Bárcenas. El ministerio público acusaba a Bermúdez de incurrir en “palmarios errores” y “contradicciones” al reclamar la causa para sí.
Dos horas más tarde, Ruz, que durante todo este proceso ha evitado prudentemente enfrentarse con Bermúdez a través de autos y ha seguido los pasos de la fiscalía, comunicaba el rechazo a las pretensiones de su colega. En su última resolución Ruz le daba la opción de que plantee un conflicto de competencia ante “el superior jerárquico común”, es decir, la Sala de lo Penal de la Audiencia. Un capítulo final de la pugna que está aún por escribir.
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