El Gobierno español sale en tromba para neutralizar a Mas
La movilización general del Gobierno tendrá varios frentes. De entrada, el propio Mariano Rajoy se prodigará en Catalunya bastante más que en las recientes elecciones de su Galicia natal y del País Vasco. Participará al menos en cuatro mítines, uno en cada provincia. Los ministros también recorrerán el territorio catalán. De momento, ya está confirmada la participación de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo; el titular de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Obviamente, también lo hará el único ministro catalán, Jorge Fernández Díaz. También desembarcarán en Catalunya presidentes autonómicos del PP para recabar el apoyo de ciudadanos catalanes con orígenes en otras comunidades.
Hasta las conferencias de prensa posteriores al Consejo de Ministros se han convertido también en plataforma de agitación contra el soberanismo catalán. La propia vicepresidenta Sáenz de Santamaría reconoció ayer que al Gobierno español «le afecta» la campaña catalana y está decidido a hacer «lo necesario para no someter a españoles y catalanes al desgarro de la independencia». Y entre lo necesario figuran ataques en toda regla centrados única y exclusivamente en la persona de Artur Mas: «Creo que tanto la solvencia, los fundamentos y sobre todo la sinceridad del señor Mas sobre las consecuencias de sus propuestas ha quedado absolutamente puesta en evidencia», dijo la vicepresidenta en la Moncloa.
La estrategia de agitación y propaganda del Gobierno español afecta también a los departamentos ministeriales a los que se han encargado informes que demuestren que la independencia de Catalunya traería consecuencias trágicas. El Ministerio de Exteriores ya divulgó el primero de estos informes, publicado a bombo y platillo por el diario El Mundo, en el que se aseguraba que una Catalunya independiente conllevaría pérdidas comerciales superiores a los 35.000 millones de euros. La vicepresidenta del Gobierno justificó la elaboración por parte del Ejecutivo de este informe y de otros que aparecerán argumentando que «cuando hay asuntos políticos de especial trascendencia lo lógico es que un gobierno antes de tomar posición estudie las consecuencias políticas, económicas y sociales que puede tener para España y para una parte de ella una decisión de esta naturaleza». La vicepresidenta advirtió que habrá nuevos informes de naturaleza jurídica y económica. La ofensiva política se centra, por supuesto, en el debate sobre la independencia, obviando la cuestión del derecho a decidir.
Una movilización institucional de estas características tiene como único precedente las elecciones vascas del 2001, cuando Jaime Mayor Oreja (PP) y Nicolás Redondo Terreros (PSOE) se conjuraron para desalojar al nacionalismo vasco de las instituciones. En aquella ocasión, los dos principales partidos españoles contaron con el apoyo logístico del gobierno y de la denominada Brunete mediática, en referencia a los medios de comunicación con sede en Madrid, que, independientemente de su línea editorial, plantearon un auténtico frente común. Sin embargo, el asedio intelectual y mediático tuvo efectos contraproducentes, porque una parte de la ciudadanía vasca reaccionó concentrando el voto en el PNV, lo que impidió a PP y PSOE sumar la mayoría alternativa.
En esta campaña catalana, la posición de los medios de comunicación y de los sectores intelectuales españoles también está resultando hostil y beligerante contra la reivindicación catalana del derecho a decidir. Hasta dos manifiestos de intelectuales españoles se han publicado para combatir el derecho a decidir de los catalanes. Pero está claro que el estado de opinión evoluciona en dirección contraria en Madrid que en Barcelona. Ayer, se hizo público en la capital catalana un manifiesto de 150 intelectuales en defensa del derecho a decidir. Lo novedoso de este manifiesto reside en que buena parte de los abajofirmantes proceden de la izquierda política y declaran su apoyo a Artur Mas, argumentando la necesidad de garantizar un liderazgo sólido del proceso soberanista.
El texto del manifiesto es de clara orientación socialdemócrata . Expresa el compromiso con «la voluntad de justicia social del pueblo», propone «fortalecer los lazos de fraternidad con España», diferenciándola del Estado español, y reivindica la labor de los gobiernos anteriores, no en vano figuran ex altos cargos del tripartito entre los firmantes. Además del conseller Mascarell, firman, entre otros, Pere Ayguadé, Xavier Rubert de Ventós, Jaume Sobrequés, Gabriel Fernández Díaz, Xavier Benguerel, Martí Boada, Núria Bosch, Carles Canut, Joan Delort, Patricia Gabancho, Ferran Requejo, Àlex Susanna y Narcís Comadira.
Cuando faltan quince días para las elecciones, los sondeos no se ponen de acuerdo respecto a la correlación de fuerzas que registrará el próximo Parlament, pero coinciden en que todavía existe un 40% de indecisos o que no contestan que sin duda decidirán el resultado.
De Jordi Barbeta en La Vanguardia